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2018(e)ko martxoaren 22(a), osteguna
EL GOBIERNO VASCO PROPONE UNA PRESTACION POR EXCEDENCIA POR PATERNIDAD DE 12 SEMANAS
La consejera vasca de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha propuesto hoy una prestación económica para excedencias laborales por paternidad durante doce semanas en
los doce meses posteriores al nacimiento de los hijos que no coincida
con el tiempo de permiso materno y que tendría una cuantía equivalente "al 100% de la base de cotización". La consejera ha hecho este anuncio durante el pleno monográfico sobre política familiar y el desafío demográfico que hoy celebra el Parlamento Vasco a solicitud de EH Bildu.
Ha
adelantado que va a promover la modificación del decreto sobre ayudas
para la conciliación de la vida familiar y laboral para introducir
"gradualmente" dicha prestación económica para la cobertura de las
excedencias de paternidad.
Artolazabal también ha señalado que
propondrá "una reflexión" junto con las diputaciones forales sobre si la
actual fórmula mixta de ayudas directas y deducciones fiscales "es la
más apropiada" para el fin propuesto en el próximo IV plan de apoyo a
las familias e infancia que estará listo esta primavera.
"Esto es una carrera larga, hay que proponer iniciativas realistas, sostenibles y factibles para irlas implementando progresivamente", ha indicado.
Hasta
la formación de ese grupo de trabajo, la consejera ha señalado que
seguirá incidiendo en la mejora de las prestaciones económicas dirigidas
a las familias con hijos y en este sentido ha recordado que ya está en
proceso de trámite la modificación del decreto "para ampliar de dos a tres anualidades la ayuda a percibir por el segundo hijo".
En
cuanto a la reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos e Inclusión
Social, la consejera ha anunciado que ha propuesto medidas que permitan mejorar el tratamiento que se da a las unidades familiares con menores a cargo en el marco de las Ayudas de Emergencia Social (AES) y de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
Así,
se pretende reducir el periodo mínimo de empadronamiento a dos años en
el caso de familias con menores a cargo para la percepción de la RGI,
así como el incremento del complemento actualmente existente para
familias monoparentales.
También ha planteado un complemento dentro del marco de la RGI para las personas víctimas de violencia en el ámbito familiar.
Artolazabal ha explicado que se reforzará el Observatorio de Familia y el Observatorio de Infancia y Adolescencia.
Asimismo
se impulsará "un programa piloto de apoyo a madres gestantes jóvenes,
orientado a madres primerizas menores de 25 años con factores de
riesgo".
Y además se favorecerá la emancipación de los jóvenes
"facilitando el acceso a la vivienda, preferentemente en alquiler,
estableciendo una reserva preferente de vivienda protegida para este
colectivo", ha manifestado.
Durante su intervención, la titular de este Departamento ha recordado que las tasas de natalidad en Euskadi son
las más bajas del Estado, lo que significa, ha reconocido, que una
apuesta por las ayudas económicas a las familias con hijas "no es
suficiente" para que la ciudadanía tenga los niños que desee.
"Al margen de estas ayudas económicas a las familias con hijos el Gobierno Vasco lleva tiempo apostando por desarrollar políticas que trabajan la parentalidad positiva, la mediación familiar y la conciliación corresponsable", ha subrayado.
En
este sentido ha considerado que "es precisa una apuesta por insistir en
implantar políticas de conciliación corresponsable, y generar
condiciones que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, superando la desigualdad de género, facilitando a su vez el
acceso de la mujer a un empleo remunerado y de calidad minorando la
brecha salarial existente en la actualidad".
"Es momento de
articular medidas y políticas que sirvan para que las familias vascas
tengan el número deseado de hijos y que estos tengan un futuro acorde a
sus expectativas y en igualdad de condiciones", ha concluido.
Paralelamente, colectivos y organizaciones sociales del País Vasco han reclamado hoy en Bilbao que la reforma de la Ley de la Renta de Garantía de Ingresos
-RGI- sirva para acabar con la pobreza y la exclusión social, y que no
se centre exclusivamente en atajar el fraude en el cobro de las ayudas.
Esta petición está contenida en el manifiesto firmado por 145 entidades y organizaciones sociales y sindicales
de Euskadi que hoy han remitido al lehendakari Iñigo Urkullu, a la
consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y a los
partidos con representación en el Parlamento Vasco.
En dicho
manifiesto, dado a conocer hoy en Bilbao por el presidente en Euskadi de
la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza, EAPN, Manuel Moreno, se
expresa la preocupación de estos colectivos por el cariz que está
tomando el proceso de reforma de dicha Ley de la RGI, centrada, a su
juicio, en combatir el fraude en dichas ayudas.
Los firmantes del
manifiesto, por contra, consideran que esta reforma de la Ley debe ser
una "oportunidad" para alcanzar "los dos retos vitales que tiene la
sociedad vasca en esta materia: acabar con la pobreza real y con la exclusión social".
Rivas
ha señalado que, "a pesar de que en Euskadi tenemos un sistema de
protección social fuerte, existen 63.000 personas que, pese a
percibirla, no consiguen salir de ella".
Tras criticar que el
desarrollo del debate político de la reforma de la Ley de la RGI "se ha
centrado mucho en el apartado económico de la ayuda" ha señalado que
"nosotros entendemos que hay que desarrollar plataformas y herramientas que favorezcan la inclusión social de las personas en riesgo de pobreza".
Moreno
también ha expresado la "preocupación" de los colectivos, sindicatos y
organizaciones que trabajan con las personas en riesgo de exclusión
social, por las críticas que han hecho al actual sistema de la RGI
"algunas fuerzas" que "deslegitiman el sistema y, de alguna manera,
culpabilizan a los perceptores de la RGI".
Moreno ha recordado, en este sentido, que el fraude en el cobro de estas ayudas "es menor al 1%" y
ha opinado que "estamos centrando mucho la reforma de la Ley en el
fraude cuando lo que se debe hacer es defender el sistema, que tenga
mayor alcance y que afronte los dos grandes retos citados".
El
presidente de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza, EAPN, en
Euskadi ha lamentado también que la percepción social mayoritaria
actualmente sea de que existe un fraude generalizado en la percepción de
estas ayudas "cuando las estadísticas demuestran que sólo es de entre
el 0,7 y el 0,9%".
"Se ha creado un imaginario social de crítica y culpabilización a las personas perceptoras que es irreal",
ha denunciado, por lo que ha adelantado que las entidades sociales que
trabajan en este asuntos trabajan en "campañas de sensibilización para
concienciar a la sociedad de que el problema de la RGI no es el fraude".
"También
apelamos a la responsabilidad de las organizaciones políticas, del
Gobierno y del Parlamento Vasco, para que lancen mensajes en clave de
inclusión y de solidaridad porque el fraude no es el problema real de la RGI", ha insistido por último.
2018(e)ko martxoaren 15(a), osteguna
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